Regina Cruz Vega

Institucionalización de la PSVyD en los municipios del Estado de México

Existen dificultades para la institucionalización de la prevención social del delito en nuestro país como lo son el poco conocimiento y la falta de homologación.

En ocasiones dimensionamos a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PSVyD) en toda la gestión gubernamental y en otras dentro del ámbito de la seguridad pública. El Programa Estatal en la materia sugiere la incorporación de “Comisiones de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” dentro de los Consejos Municipales de Seguridad Pública. Algunos Municipios se adaptan al esquema y otros han instalado “Consejos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.

Por otra parte, el inciso v.) del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el cual se presenta la opción para que los Ayuntamientos consideren la instalación de una Comisión Edilicia que verse exclusivamente sobre el tema. La modificación legislativa apenas fue publicada el 14 de julio del 2014 y ya varios Ayuntamientos instalaron estas Comisiones. Por el momento poco se puede referir al respecto ya que dichas instancias se encuentran en proceso de aprendizaje, identificando posibilidades de actuación y proyección.

Además, encontramos diferentes instancias y jerarquías en la administración pública municipal, ubicando: “Enlaces”, “Jefaturas” o “Subdirecciones”, cuya existencia obedece sobre todo a la necesidad de obtener e implementar los recursos presupuestales federales y estatales en seguridad pública. Al respecto y abonando a esta diversidad contextual destacamos tres ejemplos que merecerían un exhaustivo análisis: la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y la Violencia en Toluca, la Unidad Administrativa de Prevención del Delito y Farmacodependencia en Huixquilucan y el Instituto de Prevención del Delito en Otzolotepec. Las dos primeras ubicadas dentro de la administración pública central; una con nivel de Dirección, la segunda con menor jerarquía al interior de la Dirección de Desarrollo Social y la tercera como organismo descentralizado con autonomía y patrimonio propio.

En este contexto, el anexo del Acuerdo número 3 de la XXXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, detalla los programas con Prioridad Nacional, de los cuales el primero “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la PSVYD con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”, determina la creación de áreas especializadas en el tema, con el fin de identificar las problemáticas de violencia y delincuencia, así como diseñar estrategias de intervención específicas para su atención y evaluar los resultados obtenidos. Al respecto, aún no nos queda claro si la construcción de nuevas áreas dentro de las estructuras orgánicas municipales, obedece al seguimiento de este Acuerdo, o bien se trata de iniciativas de cada gobierno, buscando la mejor implementación de la PSVyD.

La pregunta es: ¿Cómo estamos entendiendo la PSVyD en el Estado de México y en el País?

 

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