Jorge Carrión

Puntos de convergencia del Mando Único y la transformación de la PGJEM en Fiscalía General

 

En días pasados en titular del ejecutivo estatal refirió que había enviado a la Legislatura Local una iniciativa con la finalidad de transformar la Procuraduría General de Justicia del Estado México en Fiscalía General, enfatizando que no se trataba únicamente de un cambio de nomenclatura, sino de un cambio profundo en la institución en aras de profesionalizar sus tareas fundamentales en torno a la procuración de justicia y a la persecución del delito. Aludiendo a la administración pública, apuntó que al transformar a la PGJEM en Fiscalía General se busca que ésta obtenga autonomía técnica, autonomía de gestión y autonomía presupuestal o financiera, en otras palabras, se constituiría como un órgano con autonomía plena y en igualdad de circunstancias como los otros cinco existentes en la entidad, eliminando la dependencia de los poderes del Estado.

Lo relevante del anuncio no fue el anuncio en sí, pues es la tendencia de este tipo de instituciones dentro de los regímenes democráticos, sino más bien el referir que la propuesta estaba motivada porque se habían dado cuenta que al interior de la procuraduría existían algunos vicios que habría de erradicar, léase y entiéndase, la existencia de actos de corrupción, de impunidad y de discrecionalidad. Es decir, hubo un reconocimiento público y oficial de lo que usted y yo ya sabíamos con mucha antelación, desde mi perspectiva este posicionamiento es un claro síntoma que vivimos otros tiempos y otras realidades en la relación gobernantes y gobernados.

En el mismo orden de ideas, en días pasados el titular del Ejecutivo estatal signo con 118 Alcaldes el convenio de mando único para la seguridad pública en el Estado de México. Acción de gobierno que obedece de manera primordial a la desarticulación de esfuerzos y estrategias de las instancias estatales y municipales encargadas de estas tareas tan delicadas, así como a las diversas manifestaciones públicas sobre su incapacidad organizacional y operativa de las policías municipales, ya no digamos para contrarrestar los índices delictivos, al menos para contenerlos.

Si hubiese que resaltar un hecho positivo de este acto gubernamental orientado a la centralización del sistema policial de los municipios al mando de la Comisión Estatal, posiblemente radicaría en la intención de articular una amplia gama de recursos y de esfuerzos para atender uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía, que el Estado sea garante de la seguridad pública. Sin bien es cierto que uno de los productos de este documento es la existencia con una cabeza visible en la entidad, al final del día es una responsabilidad coadyuvante entre los ámbitos estatal y municipal que se circunscribe en el marco de las relaciones intergubernamentales.

Del mismo modo, si hubiese que resaltar un hecho negativo en torno a la firma de este convenio, es que siete Alcaldes se abstuvieron de signarlo, anteponiendo una posición político-partidista en lugar de privilegiar el bien común. Lo que posiblemente desconocen estos alcaldes es que en la firma de un convenio este puede dejar de tener vigencia si no es revalidado o si existen incumplimientos por alguna de las partes. En fin, habrá que esperar si en los días venideros cambian de parecer.

Si bien ambos acontecimientos se dan de manera independiente, lo cierto que ambos tienen algunos puntos de convergencia: son respuestas institucionales a dos de las problemáticas más sentidas de la población en general, la procuración de justicia y la seguridad pública; buscan implementar las nuevas herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus actividades cotidianas; privilegiarán el desarrollo de esquemas de inteligencia en aras de dar cumplimiento sus funciones sustantivas; pretenden profesionalizar a sus servidores públicos; sugieren la adopción de esquemas de capacitación novedosos y de vanguardia; pretenden contener y revertir los índices e indicadores en sus respectivas materias; y la más importante, mostrar resultados en el corto y mediano plazo.

Aunque la incredulidad y la desconfianza han rebasado y con mucho nuestra imaginación y expectativas, otorguémosles un voto de confianza a estas iniciativas, pues al final del día y en caso de incumplimiento, (...) que la nación y el pueblo se los demande.                                                                              

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