Derechos de grupos minoritarios deben reconocerse con sociedad preparada o no

Entrevista exclusiva con investigadora universitaria, Itzel Arriaga Hurtado

 

CABILDO // Alberto Dzib Guevara

Se reconocen pero no se aplican, de acuerdo con la investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Itzel Arriaga Hurtado, México y sus estados han mostrado un alto grado de ineficacia en la garantía al respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, pues pese a que a nivel documental ya se consagra la no discriminación a las personas independientemente de su raza, ideología política, religiosa o sexual, hoy la inclusión de algunos sectores sigue a debate.

Una de las principales críticas a la democracia manifestada por organizaciones civiles o partidos políticos de oposición, se ha centrado en que su ejercicio, por lo menos en México, ha beneficiado históricamente a las mayorías con avances en ese sentido pero también con importante desprotección a los sectores que no forman parte de grandes colectivos o de lo que socialmente ha sido aceptado como “normal”.

Precisamente en razón de ésta problemática, los Derechos Humanos a nivel internacional, han evolucionado con respecto a la realidad social que se vive en diversos periodos; el ejemplo de ello son los llamados derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación que en los primeros dos casos defiende las garantías del ser humano como individuo y es hasta la tercera etapa donde comienza a velar por el respeto a la dignidad de las personas como parte de grupos, comunidades o pueblos.

Y aunque el reconocimiento de derechos de tercera generación se planteó después de la Segunda Guerra Mundial (1945), Arriaga Hurtado, comentó en entrevista con CABILDO que no fue sino hasta la década de los años 80 que México inició con la integración de algunos de estos conceptos, lo cual da cuenta en primera instancia del retraso del país en el reconocimiento y aplicación de derechos.

Todavía peor, recordó que hoy, tanto a nivel federal como en las entidades, la discusión por el el respeto de derechos de grupos minoritarios como la comunidad LGBTTTI continúa vigente con polos a favor o en contra opuestos que en el plano legislativo han frenado los intentos por dar luz verde al reconocimiento como iguales de todos los mexicanos como lo marca el artículo primero de la Constitución Política.

A éste respecto la también líder del cuerpo académico de Derechos Humanos, Género y Sociedad, comentó que de manera generalizada, en México se ha incurrido en una violación a los estatutos internacionales a los que se adhirió al formar parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues ya por acuerdo, los derechos de las personas son únicamente aplicables y no debatibles como el Estado Mexicano ha permitido.

“Y seguimos creyendo que podemos debatir sobre si asumimos o no al género en materia de homosexualidad, ya no podemos discutir esto como sociedad civil, el compromiso es una obligación jurídica que el gobierno adquirió por un tema, no de nueva administración, sino de un asunto de obligación internacional a partir de estos derechos de nueva generación”.

El Estado de México y los Derechos de Tercera Generación

Lo anterior, tuvo significativo reflejo en la entidad mexiquense pues durante 2015 el Poder Ejecutivo, emitió una iniciativa de ley para modificar el Código Civil de la entidad y legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, además de que la fracción parlamentaria del PRD ahora en la LIX Legislatura, propuso también una iniciativa en esa dirección pero con la posibilidad de que las personas de la comunidad Lésbico-Gay adopten.

Con eso y la todo esto tras la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó anticonstitucional la negación del reconocimiento civil de matrimonios igualitarios, en mayo de éste año, el Poder Legislativo se dispuso a discutir el tema y dar paso al fin a la legalización de las también conocidas como “Bodas Gay”, en donde incluso la UAEM fue sede de dos foros para recabar los argumentos bajo los cuales el estado debería reconocer tal derecho y se planteó que a más tardar el 31 de ese mismo mes los homosexuales ya verían su exigencia atendida.

Sin embargo una semana antes de la discusión y probable aprobación programada el sector religioso y de ultra derecha del estado se manifestó en contra y ello al parecer frenó el avance que tenía la iniciativa con pase directo a la nombrada “Congeladora” legislativa.

La académica Arriaga Hurtado, apuntó en éste suceso que nuevamente se ve el déficit gubernamental para lograr un estado incluyente pues ante los desacuerdos de la esfera civil, consideró que no existe acuerdos y que la sociedad no está preparada para asumir una disposición de éste tipo por lo cual señaló que cambios de paradigma como éste deben realizarse con o sin gente preparada, pues de lo contrario, la violencia y discriminación continúan alimentándose.

“No es importante si la sociedad está preparada o no para ello y eso es un conflicto también de la globalización, nosotros al habernos reconocido como un estado de las naciones unidas tenemos que seguir la misma suerte de toda una política económica y de toda una política internacional en materia de Derechos Humanos”.

La responsabilidad del funcionario público

Desde el punto de vista científico, Itzel Arriaga, compartió que la mejor forma de lograr transitar de un paradigma, aún influenciado por las normas religiosas, tiene que ver con el trabajo que se hace desde las áreas que regulan el gobierno, es decir, desde los funcionarios o servidores públicos.

Comentó que en las acciones descritas, se puede observar que en primer lugar, se nota una sociedad desinformada sobre distintos temas que se consideran nuevos pero siempre han existido, como la homosexualidad, migración y pueblos originarios, sectores minoritarios por los que se habla de derechos de tercera generación.

Dijo que un error del estado ha sido plantear que la educación sobre derechos humanos corresponde a la propia ciudadanía y ha descuidado la sensibilización y concientización que como autoridad le corresponde para evitar que la violencia entre sectores continúe presentándose.

Por otro lado precisó que la formación de los servidores públicos resulta fundamental para la toma de decisiones en las que no todos los sectores de la comunidad coinciden y muestra de ello es que la aprobación leyes que beneficien a grupos minoritarios ha tomado un tinte político en el que las ideologías partidistas toman protagonismo y se llega a hablar de intereses electorales en lugar de la real defensa de los Derechos Humanos.

“Esto es algo que como sociedad, o no nos ha quedado claro, o no ha habido quien nos lo explique o definitivamente no estamos dispuesto a escuchar, hoy no habría ninguna razón para estar debatiendo el tema allá afuera a nivel sociedad civil, porque ya es una disposición constitucional y el artículo primero prohibió la discriminación en materia de cada grupo vulnerable”.

Así, afirmó que la base de la responsabilidad en la violencia como enfermedad social y ocasionada por la no aceptación del que es distinto, radica en la eficiencia del aparato gubernamental, pues la aplicación de los Derechos Humanos, ha sido sometida a la evaluación y aprobación o en éste caso desaprobación de las mayorías, lo cual además de la tardía reacción de México para reconocer las garantías de varios sectores, implica la omisión por empatarse con las naciones en las que el derecho de tercera generación ha sido superado.

“Estamos hablando entonces de una ineficacia en materia de derechos humanos, incumplimiento de la protección a derechos fundamentales”.